COMUNICAV | Tercera etapa Nº7 primer cuatrimestre 2018

ZOOM COMUN ICAV 08_09 Se acaba de aprobar en Consejo de Ministros la agilización de los procedimientos de gestión y el abono de dichas prestaciones para que el pago a los colegios profesionales de las cantidades a satisfacer se haga mensualmente, en lugar de trimestralmente como hasta ahora. Sobre la mesa, la prisión permanente revisa- ble, ¿cómo pretenden gestionar tener en con- tra a prácticamente toda la oposición? A este Gobierno le ha parecido que los delitos de extrema gravedad deben tener la pena máxima en nuestra escala de condenas graves, así hemos concebido la prisión permanente revisable, una condena que como su mismo nombre indica es revisable, aspira a la reinserción, es plenamente constitucional y protege a la sociedad. Además, es una pena que existe en la mayoría de los paí- ses europeos y un 80% de los españoles cree que debe existir en nuestro ordenamiento. Con todos estos datos, es difícil entender cómo algunos de- fienden la derogación de la prisión permanente revisable, creo que eso demuestra el alejamiento entre la política de algunos y la realidad social. Yo confío en que prevalezca el sentido común y sea- mos capaces de encontrar un punto de equilibrio para mantener la prisión permanente revisable en nuestro ordenamiento penal. Desde el ICAV creemos firmemente que la abogacía debería estar, en la medida de lo po- sible y conveniente, dentro de las comisiones de trabajo que supongan posibles cambios legislativos, ¿cómo lo valora? Esa ha sido mi línea de actuación en todo mo- mento, desde que me hice cargo de la cartera de Justicia en septiembre del año 2014. Desde un primer momento se constituyeron grupos de trabajo para acometer la reforma de la Ley de tasas judiciales, eliminando las mismas para las personas físicas en todo orden y grado. Poste- riormente mantuvimos diversos contactos con el Consejo durante la modificación urgente de la Ley de asistencia jurídica gratuita con la que se ha reforzado el sistema y la garantía del ac- ceso de los ciudadanos a la Administración de Justicia. Continuamos en esa línea de actuación haciendo partícipe al Consejo de todos aquellos proyectos que les afectan directamente, estu- diando sus recomendaciones y las alegaciones que nos trasladan. En la actualidad, estamos trabajando estrechamente en la adaptación y mejora de la prueba de acceso a la abogacía para dotarla de un contenido más práctico y con ma- yor participación del Consejo y de los colegios, en el Estatuto General de la Abogacía Españo- la, que prácticamente está en la última fase de tramitación y en breve se remitirán los informes emitidos al CGAE para la incorporación en el tex- to de las observaciones que procedan, así como en la Ley Orgánica del derecho a la defensa que como sabrán, ha sido incluida en el Plan Anual Normativo de este año. En cuanto a la Ley de los Colegios Profesio- nales, ¿valora el Ministerio el beneficio de la colegiación para los ciudadanos (deontología, seguro de responsabilidad civil, etc.)? La colegiación debe ser entendida como un medio para garantizar al ciudadano que la persona que le presta el servicio de asisten- cia, defensa y asesoramiento jurídico realiza una actividad profesional en forma y confor- me a derecho. En este sentido, en la actuali- dad estamos trabajando en la modificación