COMUNICAV 14_15 En los comercios también se ha detectado la ausencia en las pólizas de seguro de la cobertura por paralización de la actividad, dejando a los titulares de los negocios sin ingresos mientras dura la catástrofe y acometen las obras necesarias para la puesta en marcha de sus negocios. Parece evidente que es insuficiente el marco actual para garantizar la indemnización de los afectados por riesgos extraordinarios. La contratación de las pólizas debería contar con un asesoramiento profesional y con una mayor transparencia sobre los efectos de contratar unas coberturas u otras y los límites de éstas. La mayoría de las personas no leen en detalle sus pólizas, desconocen elementos claves como las exclusiones, coberturas, capitales contratados y por tanto los límites de la indemnización. La práctica de la contratación de las pólizas online, aunque facilita el proceso de contratación, suele dar lugar a una falta de personalización de las necesidades del asegurado y que el importe de la prima pase a ser lo único determinante en la contratación. También tenemos que tener en cuenta que las pólizas vinculadas a la hipoteca están diseñadas para proteger al banco, no al consumidor y suelen incluir coberturas mínimas que no abarcan los riesgos a los que se enfrenta el asegurado. Deberíamos de concluir que la catástrofe de Valencia ha evidenciado una vez más (ya pasó con el incendio del edificio de Campanar) la importancia de asegurar nuestros bienes correctamente y buscar un asesoramiento especializado en la contratación, que no priorice el importe de la prima, sino que los capitales se ajusten al riesgo asegurado. Se debe potenciar la educación al consumidor, concienciando de la importancia de entender las cláusulas contractuales de los servicios contratados y se debería exigir que los contratos sean más claros y que los canales online incluyan mecanismos obligatorios de información al consumidor antes de la firma, esto es, aplicando un test de transparencia como se ha efectuado en el sector financiero. Por último, deberíamos hacer una llamada a la colaboración entre las aseguradoras, el Consorcio, las administraciones y los ciudadanos para construir un sistema más sólido y resiliente. Una última cuestión que se va a plantear es la posibilidad de que exista responsabilidad por parte de las Administraciones Públicas por las posibles deficiencias en la gestión, no solo de las obsoletas infraestructuras que se pensaban mejorar desde hacía muchos años y que se sabían insuficientes, sino también por la tardía respuesta adoptada frente a la ciudadanía, lo cual pudo suponer las pérdidas de vidas humanas. Esta cuestión deberá ser resuelta por los Tribunales de Justicia, mediante la ecuánime valoración de todo lo ocurrido y esperemos que sirva para que, en próximas catástrofes naturales, que seguramente volverán a repetirse, no se vuelvan a cometer estos errores. MARÍA CLEMADES PLANELLS DIPUTADA 7ª DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ICAV Y ESPECIALISTA EN RESPONSABILIDAD CIVIL Y DERECHO SUCESORIO JAVIER GUILLEM FERNÁNDEZ PRESIDENTE DE LA SECCIÓN DE DERECHO DE SEGUROS Y RESPONSABILIDAD CIVIL DEL ICAV
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